La duda en el gobierno norteamericano es si se puede aplicar a Wikileaks (y a tres medios, incluyendo The New York Times) la ley sobre Espionaje de 1917. La norma, dictada durante la Primera Guerra mundial, castiga la divulgación no autorizada de información de seguridad nacional.
Ello no es tarea fácil.
En Estados Unidos, antes del caso actual que involucra a 92 mil documentos de la guerra en Afganistán a partir de 2004, ocurrió el caso célebre de los Documentos del Pentágono, publicados en 1971 por el mismo The New York Times, relativos a la guerra de Vietnam. Mientras el gobierno se aventuraba en los laberintos judiciales, el senador Mike Gravel hizo que se registrara el texto en los archivos del Congreso con lo cual quedó constitucionalmente al margen de cualquier intento de censura.
Es evidente que a ningún gobierno, como se acaba de ver en Chile con un texto del Ministerio Secretaría General de Gobierno, le gusta que haya documentos reservados dando vueltas por el mundo de las comunicaciones. Menos cuando se plantea que la seguridad nacional está en juego. Ello se complica por el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones. Wikileaks conoce bien la situación. Su fundador, el australiano Julian Assange, ya reveló, en exclusiva, el dramático video en que, en Bagdad, los soldados de un helicóptero ametrallaron y dieron muerte a un grupo de civiles confundiéndolos con insurgentes. Entre los muertos había dos periodistas, uno de los cuales llevaba el trípode de su cámara, que fue confundido con un lanzacohetes.
Esta vez, Assange dijo que “el material (divulgado) echa luz sobre la brutalidad diaria y la miseria de la guerra”.
Der Spiegel, el semanario alemán que junto a The Guardian y The New York Times publicó los documentos, señaló que “la información pone en duda casi todo lo que se dijo hasta ahora sobre la guerra en Afganistán”.
No es para menos: se reveló que los servicios secretos de Pakistán atentaron contra el presidente Karsai y que han ayudado a Al Qaeda, pese a los mil millones de dólares que reciben para luchar en su contra. También hay relatos estremecedores, como el ametrallamiento de unos camiones cargados de combustible que fueron robados a los aliados y que más tarde se los encontró atascados en el barro. Las fuerzas norteamericanas los destruyeron… pero también mataron a 56 civiles que querían combustible gratis.
Antes de su divulgación simultánea en los tres medios aludidos, los documentos fueron evaluados cuidadosamente. Se eliminaron referencias que pudieran poner en peligro las vidas de los soldados o sus informantes. Pero, la reacción oficial es que la publicación debe ser condenada “porque puede poner en peligro la vida de estadounidenses y de nuestros socios y que amenaza nuestra seguridad nacional”, según dijo James Jones, el asesor oficial en la materia.
Lluis Bassets, en El Mundo, tiene otra opinión: “Por más que el presidente Obama asegure que los documentos confirman la necesidad del cambio de estrategia que se realizó el pasado diciembre… será difícil que su difusión no contribuya a la impopularidad de la presencia aliada en el país afgano”.