La carta que Parenazon, la ex administradora de la Zona Franca, dirigida al intendente Arturo Storaker, y en la cual se pide la caducidad del actual contrato de concesión, fue motivo de un profundo análisis por parte de autoridades regionales.
Por cerca de dos horas se reunieron para tal efecto el intendente(s) Miguel Schweitzer; el secretario ministerial de Hacienda, Arturo Lillo, y el asesor jurídico de la intendencia, Max Müller.
El documento en estudio enumera los incumplimientos en que ha incurrido la actual administradora de ZF, Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda., en el marco del contrato de concesión de dicho recinto. Al mismo tiempo, plantea una serie de reparos, y pide a la primera autoridad una acción fiscalizadora definitoria, “sin vacilar en la imposición de las sanciones y la declaración de caducidad, repeliendo cualquier inútil intento de purgamiento de lo denunciado”, acota.
La misiva, que lleva las firmas del abogado Mauricio Sandoval Romero y el empresario Scandar Jacob Abu-Gosch, por la Sociedad Administradora de Zona Franca Punta Arenas Ltda., fue remitida también a cada uno de los miembros de la Comisión de Control y Seguimiento del Contrato de la Zona Franca.
Parenazon basa sus planteamientos en una serie de documentos, y menciona que la intendencia no ha cursado las multas respectivas por cuanto Rentas Inmobiliarias no ha ejecutado el Plan de Inversiones, y que debe regir desde el 26 de agosto de 2009, cuando no se cumplió con el programa.
Menciona también, la falta de replicación de los contratos suscritos con la administración anterior, pese a que por expresa disposición de las bases administrativas de la licitación pública del contrato de concesión, se dispuso que la obligación de replicar los contratos se debía cumplir “mediante la suscripción de nuevos contratos entre la sociedad adjudicataria y los usuarios”.
Además, que a la fecha se ha omitido la obligación de reinvertir en obras de infraestructura el 6% de los ingresos originados en la explotación del contrato de concesión.
Mediante la carta, se pide al intendente redoblar la atención de cualquier intento en orden a modificar cualquier ápice del contrato de concesión públicamente licitado. Asimismo, señala que tanto el no cumplimiento del mencionado contrato de concesión, como la no aplicación de las multas y/o sanciones, significan un perjuicio grave al patrimonio fiscal.
Para la ex administradora de la Zona Franca todas estas omisiones alcanzan el efecto jurídico de caducar la referida concesión a la Sociedad de Rentas Inmobiliarias.
Respuesta del gobierno
En escuetas declaraciones, Schweitzer expresó que cada uno de los antecedentes contenidos en la carta de Parenazon, serán revisados y enviados a los organismos pertinentes para su análisis jurídico.
Recordó también, que Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. canceló la multa de más de 31 millones de pesos, aplicada por la intendencia, por no ajustarse el Plan de Inversiones, relativo a la construcción de un rodoviario.
Agregó que “una de las alternativas que se ha planteado es una completa auditoría, tanto al actual contrato de concesión, como al anterior”
Finalmente, expresó que “el único interés del gobierno con la Zona Franca de Punta Arenas, es el beneficio de las personas que residen en Magallanes. Cuando el Estado estableció la instalación de un recinto franco en Punta Arenas, no fue para el lucro de los ricos, sino pensó en las necesidades de la gente más necesitada de la región”.