Indignación en familiares de joven asesinado genera la libertad de dos de los sentenciados

Un trago muy amargo en estas fiestas le ha deparado a Jorge Vera Silva, la reciente libertad asistida decretada por la Corte de Apelaciones para dos de los jóvenes condenados por el doble homicidio de su hermano Carlos Vera y del pescador José Cisternas, uno de los crímenes más alevosos de los últimos años. La resolución judicial permitió que Katherine Muñoz Gómez, conocida como “Kathy Chispas”, y Alejandro Oyarzo Peters, ambos de 24 años de edad, dejaran la cárcel para cumplir en libertad el saldo de casi 3 años para completar los 10 años a los que fueron sentenciados.

El afectado comenta que a raíz de este último fallo, referido a un hecho que le cambió la vida a él y a todos sus seres queridos, la noticia del dictamen fecha el reciente 12 de septiembre “ha sido como volver a vivir como familia todo el dolor que pasamos”. Esto le ha implicado retrotraerse a aquel 7 de julio de 2005, con aquellos dos alevosos crímenes en Ignacio Carrera Pinto con Magallanes y en José Menéndez con Magallanes. Allí perdió su vida Carlos Vera Silva, quien tenía 33 años y estaba en compromiso de matrimonio.

Vera menciona que como familia están muy molestos, y tiende a pensar “que podría ser un desquite de los problemas que hay entre los políticos y el Poder Judicial, porque están soltando a varios que han cometido crímenes brutales. No sólo acá en Punta Arenas, ya que he estado también pendiente de otras regiones, así que por ahí va un poco la jugada”.

Al retroceder en el tiempo, recuerda que cuando se hizo el juicio oral, tres imputados fueron condenados a 10 y un día y un cuarto a 20 años de prisión por los magistrados Jovita Soto, Fabio Jordan y José Octavio Flores. Entonces, Jordan fue partidario de condenarlos a 7 años por cada crimen cometido, vale decir aplicarle una pena total de 14 años. La pena de 10 años fue confirmada por la Corte de Apelaciones, pero ahora sucede que el mismo Tribunal Superior estima que cumplida las tres cuartas partes el saldo lo pueden cumplir en libertad.

Más encima, añade, que los tres jueces en su oportunidad mencionaron que era improcedente aplicar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, “porque actuaron con pleno discernimiento, entonces no era prudente aplicar eso, y menos los beneficios que establece la ley”.

Aparte de ello, recuerda que en agosto pasado hubo una audiencia en el Juzgado de Garantía para la sustitución de las penas por otras en libertad y que en aquella oportunidad se citaron a declarar a las víctimas. “Dimos nuestro parecer, dejando en claro que nosotros no tenemos ánimo de venganza. Pero, el tema es que el fallo impuso una pena de 10 años y ella tiene que cumplirse a cabalidad”, remarcó.

Doblemente víctima

Señala que el sistema penitenciario opera de una manera para quienes postulan a un beneficio. En este sentido cree que el haber terminado su cuarto medio en prisión no implica absolutamente nada, aparte que “en el último juicio el tema fue rechazado porque no hubo la presentación de un informe psicológico que evalúe el cambio o trastorno de personalidad de cada uno de los individuos, de “Kathy Chispas” (Katherine Muñoz) y de (Alejandro) Oyarzo. Entonces por algo fue rechazado por el juez en esa instancia”.

Asimismo critica que quienes cometen crímenes “reciben todos los beneficios habidos y por haber, y resulta que las víctimas absolutamente nada”. En su caso, primero los apoyó el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos con el abogado Marcelo Figueroa, a quien consideró un excelente abogado al preocuparse del caso.

Sin embargo, lamentó que en la etapa posterior les asignaron a otra abogada, de quien no advirtieron mayor preocupación. Inclusive él le preguntó si habría alguna nueva instancia judicial, a lo que le respondió que no, “pero ahora me entero por el diario que hubo una apelación y salió todo para atrás”. Ante ello se mostró muy molesto con el Centro de Atención de Víctimas y con la resolución del Tribunal de Alzada, porque “al final hacen ir a que se escuche a las víctimas y todo el asunto para qué. Para que no se tomen en cuenta para nada”.

Añadió que los ministros ni siquiera consideraron que aquí fueron dos crímenes y que pudo haber un tercero. Al respecto, él se pregunta qué analizaron, ya que “fue un tremendo regalo de Fiestas Patrias para estas personas”.

Instancias

Lamenta que no haya otras instancias para hacer valer su derecho, y su idea es acudir ahora a los parlamentarios. Vera cree que para la sustitución de condenas debería haber una comisión de personas que involucre a la comunidad, incluyendo “al mismo alcalde o los concejales, para ver si son aptos quienes postulan a beneficios y sean evaluados por una comisión externa a Gendarmería”.

Finalmente expresa que como familia no tienen muchos recursos, “pero si fuéramos una familia con plata esta gente no sale y cumple las condenas completas”.