Ciudadana indonesia clama justicia a ocho meses de denunciar trato inhumano

Con tres años y medio en Punta Arenas, luego de ser traída por un empresario indio con falsas promesas desde su país, Indonesia, Nur Laila, cumplió 27 años de edad el 5 de junio y se apresta a tener un hijo el próximo mes, cuyo padre es el magallánico Luis Raquil.
Ella es una de dos ciudadanas indonesias, junto a Eva Anggraeni, quienes huyeron desde los hogares de sus empleadores para denunciar lo que consideran “un trato y horarios inhumanos”, junto, aseguran, “al no pago de las remuneraciones pactadas”.
A ambas se les prometió el pago de un sueldo y que no iban a tener que pagar pensión, ni tampoco gastar en comida o en ropa, porque el empresario que las trajo tenía una tienda. Para ellas resultaba una maravilla venir a trabajar acá, porque el dinero chileno rinde 10 veces más en su país de origen.
Aun cuando en la zona habría una veintena de ciudadanas de dicha nacionalidad, estas dos jóvenes recibieron el apoyo de la embajada de su país para interponer una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por el presunto delito de “trata de personas”.
La propia gobernación de Magallanes realizó una investigación paralela en la parte administrativa, la cual ya cerró. Esta le otorgó una visa especial a las jóvenes asiáticas, atendida su condición de ver vulnerados sus derechos.
Pese a tener un abogado particular, para Nur Laila y su pareja existe la percepción de que el tema está congelado, ya que la causa no registra avances a ocho meses de entablada la querella. Lo que más los desconcierta es que el propio abogado al inicio les dijo que el caso estaba ganado, y hoy les da pocas esperanzas, pese a que la Inspección del Trabajo y la PDI incautaron documentos que serían comprometedores para los denunciados.

Pesadilla

La joven denunciante fue ingresada a Chile el 28 de enero de 2009. La trajo un empresario hindú desde Indonesia con visa de turista, y ella sabía que sus primeros ocho meses de salario eran para la agencia de Singapur que la contactó. En los siguientes meses se suponía que sus sueldos serían enviados a su familia. Pero la mantenían incomunicada con su familia, sin prestarle teléfono, aparte de ser engañada en las liquidaciones de sueldos, señala.
A Nur Laila la tenían viviendo en una pieza de un solo ambiente, sin calefacción. Se levantaba a las 6 de la mañana y debía ayudar a cocinar y hacer las cosas de la casa. Después de eso se iba a Zona Franca. Los tres primeros meses trabajó en bodega haciendo inventario.
Después su empleador le hizo un contrato en español, diciéndole que era un documento que debía firmar para que al momento de volver a su país no tuviera problemas en Aduanas. Y como ella hablaba sólo malayo e inglés le creyó. De ahí empezó como vendedora. Al atender sólo podía decir los precios, y cuando hablaba un poco más con los clientes la castigaban, dejándola tres días sin comer, relata.
Incluso, señala que su empleadora echó a una vendedora chilena que le quiso ayudar a aprender español y le regaló un peluche, ya que tampoco le permitían recibir regalos de gente local. No les convenía que aprendiera a hablar y leer en español, precisa.
Así se dieron las cosas hasta que Nur Laila logró conseguir un teléfono, a través de la familia de un gásfiter que llegó a trabajar al domicilio, y pudo confirmar con sus padres no habían recibido ningún dinero. Su patrón tampoco nunca tuvo los comprobantes de depósito.

Sólo quiere justicia

Para la afectada lo vivido no ha sido fácil, pero tiene la esperanza que se haga justicia en su caso. Ella nunca pensó que se iba a quedar en la región, “pero ya al tener mi pareja chilena, voy a tener un hijo, tengo que pensar en que necesito volver a mi país igual. Porque voy a llevar cuatro años acá y entonces necesito igual volver a Indonesia y no tener problemas más acá en Chile”.
Aparte que su traída desde su país fue muy rápida, refiere que su familia está muy preocupada y “los extraño mucho”,
A Nur Laila le vendrían muy bien hoy los 5.400.000 pesos que se le adeudan por dos años de trabajo, según su versión. Sin embargo, ella y Eva Anggraeni (quien llegó hace cuatro años y medio) siguen ancladas aquí exclusivamente al no recibir su dinero, ni poder acceder a sus pasajes de vuelta. A ambas sólo les pagaron las vacaciones proporcionales a través de la Inspección del Trabajo, pero después se derivó el tema a mediación judicial donde les querían pagar 1.500.000 y 2.500.000 pesos, respectivamente.
Ambas no aceptaron el avenimiento. La Central Unitaria de Trabajadores dijo que los iba a apoyar, pero nunca vieron nada concreto en eso.
Hoy no sabe qué sería de ella si no tuviera un apoyo a su lado, ya que para nada la tranquiliza que su abogado diga que faltan muchas pericias por hacer y que ve muy complicado el panorama en la querella penal. Esta sigue en etapa de investigación y se han adjuntado otros antecedentes a la causa, cuya investigación la lleva la fiscal Wendoline Acuña, al tratarse de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral.