La justicia del vaquero

por Abraham Santibañez | abe@abe.cl | 14 de mayo de 2011

De las muchas preguntas sin respuesta que dejó la muerte de Osama bin Laden, hay una que no tiene mucho sentido práctico pero sí moral: ¿Por qué el Presidente Obama decidió la ejecución del líder de Al Qaeda, sin juicio alguno? Sabemos que el gobierno de Pakistán era sospechoso de prestarle ayuda bajo cuerda a Bin Laden? Igualmente, tal como se dijo en relación al funeral, se quería evitar el surgimiento de un santuario. Y, sobre todo, primó la intención de resolver rápidamente el asunto del modo tan expedito como Alejandro Magno cortó de un tajo el nudo gordiano.
Pero esto no resuelve la duda ética. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

La propia Constitución norteamericana, en su sexta enmienda, estableció que: “En todos los procesos criminales, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público...”.

El mismo documento, sin embargo, (segunda enmienda) plantea el derecho de todos los ciudadanos a poseer armas. Dice: “Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del Pueblo a tener y portar armas no será vulnerado”.

Se puede afirmar que el principio de la defensa propia está grabado en el ADN de los norteamericanos. Incluso en tiempos recientes, en que se lamentan asesinatos masivos o masacres en colegios y universidades, la mayoría sigue convencida de que un arma en la casa le dará seguridad. La misma a la que aspiraban los pioneros en el viejo oeste, dispuestos a convertir su casa en una fortaleza personal ante los ataques de los pieles rojas o los bandidos blancos. Esta misma disposición de ánimo respaldó, por décadas, la justicia expedita contra los crímenes, reales o supuestos, de los negros.

Trasladado al plano de las relaciones internacionales, Estados Unidos siempre sostuvo que su obligación era defender sus intereses sin consultar a nadie. Incluso en el caso del Baltimore (1891), estuvo a punto de recurrir a las armas para hacer justicia en una pelea “de curados” en Valparaíso. Si lo hizo, a su modo, en la guerra contra España, inscribiendo en su épica el ataque al Morro de San Juan, en Cuba, encabezado por Theodore Roosevelt. Y, aprovechando el impulso, a lo largo del siglo XX hubo tropas norteamericanas “desfaciendo entuertos”. EE.UU. sacó y colocó gobiernos en Centroamérica y aunque fracasó en Bahía Cochinos, hace medio siglo, más tarde usó la fuerza militar en Granada y contra el régimen de Noriega en Panamá.

Posteriormente se estableció una doble vía (Track I y Track II) frente a regímenes que no eran gratos a Washington: la presión política y la intervención militar.

Pero siempre, sin distinción de bando político, tanto republicanos como demócratas, se dejaron de reserva en la manga una carta de triunfo: la intervención directa de sus tropas de elite.
Es lo que hizo Obama en Pakistán.

Otras columnas de Abraham Santibañez

Columnistas