De educación, soberanía y de leyes

por Carlos Contreras | carloscontreras.quintana@gmail.com | 19 de julio de 2011

“La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite”, artículo primero del Código Civil Chileno.

Sin perjuicio de estas características que nuestra propia legislación le atribuye a la ley, es preciso señalar que la ley establece su norma para la generalidad de las personas y de acuerdo a un criterio de normalidad… se dicta una ley para regular una situación que generalmente ocurre y que es lo normal. En otras palabras, no se legisla para las excepciones.

De acuerdo a lo indicado y, considerando la interminable movilización de sectores importantes de la sociedad con la finalidad de obtener un cambio profundo al sistema educacional y las personas que forman parte del mismo, me parece pertinente efectuar algunos comentarios.

Primero: es importante indicar que, de acuerdo a las personas convocadas a las movilizaciones y a los sectores de la sociedad que generan opinión al respecto, la situación atañe o importa a un vasto e importante sector de la ciudadanía.

Segundo: es importante destacar que el sistema educacional chileno no es el mismo que hace 30 años; ya el año 1981 se inició el proceso de privatización de la educación superior universitaria y tres décadas más tarde, de 25.000 estudiantes que ingresaban a estudiar vía prueba de aptitud académica a la Universidad hoy tenemos más de 450.000 cada año; por otra parte de una educación básica y media de obligación del Estado se pasó a una educación de responsabilidad de los municipios constituyendo este acto, a mi juicio, una privatización, pues sale del Estado y los municipios crean las famosas corporaciones municipales que son personas jurídicas privadas distintas de los municipios para administrar el sistema.

Tercero: no veo cuáles son los principios que se rompen si, en aras de la igualdad y la equidad en la educación, el Estado asume nuevamente el desafío, para garantizar a TODOS nuestros niños y niñas un sistema eficiente para su enseñanza, pues los derechos de quieren quieran una educación privada para sus hijos seguirán siendo resguardados por el mercado, de esta forma llevarán a sus hijos a los establecimientos que satisfagan sus aspiraciones y que puedan pagar.

Cuarto: si los recursos que hoy se entregan a los municipios se administran por el Estado y contando con buenos gobernantes, se tiene un mayor grado de probabilidad que la educación mejore que, dejándola en manos de 345 municipios distintos en capacidades de administración y económica.

De esta forma, considerando que la educación estatal de calidad y equidad es un clamor de la ciudadanía, no veo problemas para que una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prescrita por la Constitución cambie de una vez y para siempre el sistema… los parlamentarios tienen la palabra.

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