Como lo he señalado en una columna anterior la Constitución Política de la República señala en su artículo 24 lo que sigue: “El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno”.
Como se puede apreciar de la sola lectura de la norma que obliga a esta costumbre constitucional, no se puede afirmar que este discurso tenga por objeto dar cuenta de “anuncios” o “acciones a ejecutar” por el gobierno y en términos concretos la mayoría de los medios y ciudadanos que atienden al acto presidencial sólo esperan, precisamente, estos anuncios de futuro. Al respecto reitero mi disconformidad y rechazo a mantener esta exigencia no escrita por parte de la prensa y los opinólogos; por lo demás, dar cuenta de lo que se ha realizado por lo menos permite objetivizar la discusión respecto al”ser” y no al “deber ser” constituido por las promesas para el futuro, en términos sencillos es mejor discutir respecto de la cantidad de casas construidas y de su calidad que respecto de las casas que se podrían construir y de su eventual calidad.
Espero que en el futuro la ciudadanía y los actores sociales y políticos se puedan enfocar en aquellos aspectos que verdaderamente importan para contar con una información objetiva y concreta al respecto.
Pero, no sólo de discursos vivimos el pasado 21 de mayo, también fuimos testigos de una serie de movilizaciones que culminaron con algunos hechos de violencia que todos lamentamos. Al respecto la Constitución consagra el derecho de reunión como el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, por otra parte las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía. De esta forma el derecho a reunirse en una manifestación PACIFICA, sólo requiere cumplir con las normas de orden y de seguridad y eventualmente con un permiso de la gobernación respectiva.
Distinta es la ejecución de hechos delictuales como agresiones por personas que han formado parte de la reunión como los apremios ilegítimos o la violencia excesiva de las fuerzas de orden. Unos y otros requieren el repudio de la sociedad toda y su sanción fuerte y contundente; al respecto no comparto hacer responsables a los organizadores por los hechos delictuales de terceros, pero sí me parece necesario que aquellos que organizan y participan pacíficamente denuncien en el acto y de manera categórica a los que delinquen o violentan la reunión para evitar en el futuro que las quejas ciudadanas no se puedan realizar abiertamente y en libertad.